La Federación de Autotransporte de Tarragona (FEAT) y el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Tarragona (Ingenieros Tarragona) han expuesto hoy en una jornada de debate los retos tecnológicos a los que se enfrentará el sector en los próximos años, y han señalado las posibles soluciones y alternativas, que pasan por el uso simultáneo de diferentes tecnologías complementarias. Lo han hecho en la segunda sesión de las jornadas ‘El futuro del transporte en Tarragona: transporte y tecnología’, que se ha celebrado en el Seminario de Tarragona con la participación de ochenta personas entre asistentes, expertos en ingeniería, representantes de empresas tecnológicas y transportistas.

El transporte eficiente y eficaz por carretera de personas y mercancías en el Camp de Tarragona y las Terres de l’Ebre no sería posible sin la evolución tecnológica constante aplicada al mundo del motor, las carrocerías y los combustibles. La evolución de las necesidades de la ciudadanía y los retos que plantea una sociedad cada vez más globalizada y tecnificada hacen que el sector se enfrente a grandes desafíos. Por este motivo, el presidente de FEAT, Joaquim Riudeubas, ha manifestado que “siguiendo las directrices europeas, nos preocupa que en 2035 ya no se puedan vender vehículos de transporte que funcionen con motor de gasoil, cuando tan sólo en Tarragona hay una flota más de 4.000 vehículos con motor de combustión interna entre camiones, autobuses y taxis”.

Riudeubas ha añadido que “un camión eléctrico es inasumible para una pequeña y mediana empresa, triplica el coste de un camión actual, y por tanto, puede haber un descalabro en el sector. Afortunadamente, tenemos alternativas como los combustibles limpios que no proceden del petróleo y eso nos da más esperanzas. Por lo que respecta al hidrógeno, ahora tenemos un problema con la no homologación de vehículos en España”. Según el presidente de FEAT, “queremos salvar el planeta, que es de todos, y para ello es necesario revertir las emisiones a partir de estos vehículos impulsados por nuevas tecnologías y debemos hacer los menos kilómetros posibles, por lo que es necesario mejorar mucho las infraestructuras y ampliar los distintos tipos de puntos de recarga”.

Por su parte, Joan Gabriel Talarn, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Tarragona, ha destacado que “cada sector productivo tendrá su tecnología, pero todavía estamos en el inicio del desarrollo de estas nuevas tecnologías, y los próximos años serán claves para acabar definiendo si se impone el vehículo eléctrico o si el hidrógeno acaba siendo un vector fundamental para el sector del transporte”.

Talarn ha añadido que “un problema importante ahora mismo es el coste de los vehículos de transporte eléctricos y de hidrógeno en comparación con los actuales de combustible fósil y, por tanto, esperamos que la tecnología evolucione y haga que se reduzcan los costes, y que la normativa se acabe ajustando, para dar un impulso a estas nuevas tecnologías. Es necesario un apoyo de la administración pública con ayudas económicas y regulación normativa para poder realizar la transición”.

La sesión de hoy ha contado con las intervenciones de Enric Vidal, profesor de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Automática de la Universidad Rovira i Virgili; Jorge Ríos, CEO de Etecnic Movilidad Eléctrica; Isaac Justícia, director de la oficina técnica del Valle del Hidrógeno de Catalunya; Francisco Rosa, gestor de cuentas en negocios con empresas de Repsol; Xavier Ribas, director de Evarm; Javier Lavernia, CEO de Tecnovelero, y los representantes de las marcas fabricantes de vehículos Iveco (Juan Carlos Martín), Mercedes (Miquel Roca) y Renault (Pedro Mayorga). La primera sesión de las jornadas se celebró en el mismo espacio el pasado 19 de marzo. Esta iniciativa ha contado con el apoyo del Departament de Territori de la Generalitat.

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Las ITV no quieren perder nada y consiguieron cambiar, a través de una Orden del Ministerio de Sanidad, el criterio y que se contara el periodo de validez de la revisión, no desde la FECHA REAL que el vehículo la pasó, sino desde la fecha que la hubiera debido pasar sino fuera porque las ITV estaban cerradas.

El Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar, contra la cual recurrió la Abogacía del Estado. Hoy hemos sido informados por nuestros abogados que el Tribunal Supremo no sólo ha desestimado el recurso de la Abogacía del Estado, sino que además la ha condenado en costas.

El Tribunal Supremo entiende que el recurso del Abogado del Estado no defiende intereses generales y da por buenos nuestros razonamientos y, mientras no recae una sentencia definitiva, suspender un criterio que, a nuestro entender, puede suponer unos sobrecostes para todos los titulares de vehículos, sean privados o de transporte, de unos 200 millones de euros.

Por último FEAT entiende que los grupos políticos presentes en el Congreso han de enmendar el R.D. ley 26/2020 de 7 de julio, que consolida de cara a futuro el nuevo criterio de no considerar la fecha real de revisión para iniciar el cómputo del período de validez de la misma, sino la fecha de caducidad prevista inicialmente. Este cambio blinda a las ITV de cara a futuras incidencias para, sean cuales sean los motivos que obliguen a cerrar las estaciones, nunca pierdan los ingresos previstos. Es urgente volver al criterio, que también recoge la normativa europea, que establece que los cómputos de validez de revisión de los vehículos se hará desde el momento que de forma efectiva se compruebe el estado real de los mismos en las estaciones y talleres homologados por los respectivos estados.

El documento de la resolución judicial: AQUÍ

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Ahora, desde el 1 de octubre, hay dos escenarios diferentes. En el caso de las ITV caducadas durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 21 de junio), el periodo de validez empieza a contar desde el día concreto en que se pasó la revisión y no desde la fecha que figuraba en la ficha técnica, como pide Feat. Contrariamente, en el caso de las ITV caducadas después del estado de alarma, se toma como referencia la fecha que consta en la ficha y no se tiene en cuenta la prórroga fijada por el gobierno estatal, que acababa el 30 de agosto. En este sentido, Feat solicita al Supremo que plantee una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional contra el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio.

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